¿Pueden suspender mi desahucio hasta el 31 de diciembre de 2024?

¿Pueden suspender mi desahucio hasta el 31 de diciembre de 2024?

Tribunal constitucional avala prórroga de suspensión de desahucios hasta el 31 diciembre del 2024

La reciente decisión del Pleno del Tribunal Constitucional sobre la validez del artículo Segundo del Real Decreto-ley 16/2021 marca un hito en el ámbito jurídico y social. En este artículo, exploraremos en detalle el fallo del Tribunal Constitucional, así como los argumentos presentados por los recurrentes y las opiniones divergentes expresadas en el voto particular.

El artículo Segundo del Real Decreto-ley 16/2021, promulgado en agosto de 2021, prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de personas económicamente vulnerables hasta octubre de ese año, en respuesta a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, más de cincuenta diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad argumentando que esta prórroga no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución, especialmente en lo que respecta al derecho de propiedad y al acceso a la tutela judicial efectiva.

Decisión del tribunal: el gobierno había justificado adecuadamente la necesidad urgente y extraordinaria de aprobar la prórroga mediante decreto-ley

El Tribunal Constitucional, con la mayoría de sus miembros, desestimó el recurso de inconstitucionalidad. El magistrado ponente, Ramón Sáez Valcárcel, junto con la mayoría del TC, determinó que el Gobierno había justificado adecuadamente la necesidad urgente y extraordinaria de aprobar la prórroga mediante decreto-ley, dada la continuación de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de COVID-19.

El TC concluyó que la prórroga no vulneraba los límites materiales del uso del decreto-ley en relación con el derecho de propiedad. Según la sentencia, la medida era temporal y limitada en su alcance, buscando proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin afectar significativamente al derecho de propiedad. Además, cualquier impacto económico podía ser compensado.

Voto particular y argumentos discrepantes

No obstante, la sentencia incluyó un voto particular de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño, quienes expresaron su desacuerdo con la mayoría. Argumentaron que el Gobierno no proporcionó una justificación suficiente y razonada para la necesidad urgente y extraordinaria de la prórroga, y sostuvieron que esta medida afectaba al derecho constitucional de propiedad.

Además, los magistrados discrepantes señalaron que las sucesivas prórrogas habían transformado una intervención excepcional en una regulación permanente del derecho de propiedad, excediendo el alcance permitido para los decretos-leyes gubernamentales y debiendo ser abordadas mediante una ley parlamentaria.

Conclusión

En resumen, la decisión del Tribunal Constitucional respecto al Real Decreto-ley 16/2021 tiene importantes implicaciones jurídicas y sociales. Si bien la mayoría respaldó la prórroga de la suspensión de desahucios, el voto particular destaca preocupaciones sobre la justificación y el alcance de esta medida, subrayando la necesidad de un debate continuo sobre la protección de los derechos fundamentales en tiempos de crisis.

Solución para los arrendadores: posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2025

Junto a la ampliación de la medida durante un año más para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, se contempla también la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Asimismo, se extiende el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados por la suspensión extraordinaria en vigor del desahucio o lanzamiento puedan presentar la solicitud de compensación prevista en ese mismo RDL. Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medidas. Así, con la ampliación prevista para estas medidas, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de enero de 2025.

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